Ayuntamiento y comité de Limasa siguen sin acercar posturas sobre la municipalización

Los encuentros entre Ayuntamiento y comité de Limasa para estudiar la posible municipalización de la empresa cuando el contrato expire en abril de 2017 ha entrado definitivamente en un bucle. La segunda reunión comandada por el alcalde ha acabado como la primera y como las anteriores mantenidas en las últimas semanas, con un equipo de gobierno viendo más complicaciones que ventajas a la municipalización y con la sensación en los sindicatos de que estas reuniones no van a ningún lado, sobre todo cuando el equipo de gobierno advierte ahora de que cualquier decisión está condicionada al informe solicitado a la Dirección General de Función Pública (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) para determinar cómo se podría llevar a cabo la incorporación de la plantilla al sector público. Hay que ver cómo se produce el mecanismo de incorporación, si es automático o por concurso previo, para evitar que no haya dudas ni sorpresas, ha apuntado Francisco de la Torre a la salida de la reunión, pasadas las once de la noche de este lunes.

Tras cerca de tres horas de encuentro, las posturas siguen como estaban. Los trabajadores mantienen su propuesta de igualar sus condiciones socioeconómicas a las del personal laboral del Ayuntamiento, lo que supondría una rebaja de hasta el 20% en tablas salariales pero una considerable mejora en prestaciones y aspectos sociales, incluido un plus de nocturnidad y las vacaciones íntegras en verano. Un planteamiento que no comparten en el Consistorio, donde apuestan por modificar una parte del convenio colectivo de Limasa (retribuciones y sistema de acceso, fundamentalmente) en lugar de asumir íntegramente el de la plantilla municipal, y tratar de compensar parte del recorte en la nómina con pluses de productividad, que serían variables en función del cumplimiento de unos niveles de calidad en el servicio de limpieza.

En principio, los contactos quedan aparcados hasta que llegue el pronunciamiento del organismo estatal. A partir de ahí, una vez se dé por finiquitada la negociación con los sindicatos, el equipo de gobierno tiene previsto contactar con el resto de grupos municipales, empezando por su socio de investidura, Ciudadanos, que ahora sí que apuesta abiertamente por la privatización del servicio y su distribución en distintos lotes para que sean varias las empresas las que asuman la lmpieza, recogida y tratamiento de residuos. En el lado contrario, los tres grupos de izquierdas (PSOE, Málaga Ahora e IU-Málaga para la Gente) se decantan por una Limasa cien por cien pública poniendo como principal argumento el ahorro de 12 millones de euros anuales, de los que una parte se podrían destinar a mejorar el servicio.

Independientemente de la decisión que se acabe adoptando, la realidad es que el proceso para una hipotética municipalización también está condicionado por otros factores, fundamentelmante el relacionado con la estabilidad presupuestaria y la capacidad de endeudamiento que le quedaría al Ayuntamiento para invertir, entre otras cuestiones, en la necesaria renovación de la flota.

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