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El alcalde mantiene su rechazo al metro al Civil pese al fracaso de la manifestación

La plataforma vecinal que se opone al trazado en superficie admite su «decepción» por la escasa participación y anuncia nuevas movilizaciones

Jesús Hinojosa

Martes, 24 de enero 2017, 00:55

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El alcalde no se da por aludido pese a que se podían contar fácilmente uno a uno los 140 vecinos que el pasado domingo participaron en la manifestación convocada por la plataforma ciudadana que se opone al trazado en superficie del metro hasta el Hospital Civil. Francisco de la Torre restó ayer importancia al fracaso de esta protesta y siguió fundamentando su rechazo al proyecto planteado por la Consejería de Fomento en que existe una «clarísima» oposición vecinal, entre otros argumentos de tipo urbanístico y legal. Pese a las preguntas de los periodistas, el regidor no quiso entrar a valorar la escasa participación en la marcha. «Nunca he opinado sobre manifestaciones», afirmó, al tiempo que la calificó como «una iniciativa más de las muchas que puede haber» para expresar la opinión contraria de vecinos respecto al proyecto de la Junta.

De la Torre mantiene su rechazo al trazado del suburbano en superficie hasta el Civil, y señaló que no conoce otra opción mejor que la alternativa del metrobús que ha planteado «no solo para esta zona, sino para otras de la ciudad». En ese sentido, insistió en que se han recabado 13.000 firmas «para expresar una opinión clara de oposición o desacuerdo con la solución planteada, que es lo que nos ha llevado a plantear una alternativa», dijo. «De las firmas que he recibido y las reuniones con los vecinos deduzco que hay una oposición clarísima», remarcó el alcalde, quien aprovechó estas declaraciones para denunciar la paralización de las obras del metro en el tramo entre la estación del AVE y la zona del Guadalmedina. «Ese un tema preocupante y de permanente actualidad. Cada mes que se retrase tiene un costo para las arcas públicas andaluzas, unos 70 millones de euros al año, y se prolonga la situación negativa que la ciudad tiene en esa zona», manifestó.

El regidor también incidió en que el proyecto del metro al Civil en superficie supone un perjuicio para la empresa municipal de autobuses. «Se ha hecho una obra que ha costado muchos millones de euros y lo lógico es que sea usada por muchos viajeros, pero sin perjudicar a muchas líneas de la Empresa Malagueña de Transportes. No se puede perjudicar a sus viajeros y sus puestos de trabajo. Hay que sumar, pero sumando todos, no solo sumar en el metro a base de restar en la EMT», argumentó.

Por su parte, la plataforma 'No al tranvía al Hospital Civil, sí al metro al PTA-Campanillas' emitió ayer un comunicado en el que expresa su «malestar y decepción por la escasa participación ciudadana» en la manifestación de este pasado domingo. No obstante, considera una «equivocación» que la poca asistencia a la convocatoria se interprete como que los participantes «son los únicos vecinos y ciudadanos malagueños que estamos en contra de la construcción del tranvía». En ese sentido, la plataforma aboga por la organización de nuevas movilizaciones que demuestren que existe un amplio rechazo al metro en superficie. «Y eso se hace acudiendo a ellas y colaborando activamente, pero no desde la pasividad, mirando desde las terrazas o desde el interior de los bares», apunta el comunicado, en el que se anuncia la próxima celebración de una asamblea para decidir las acciones a realizar.

Por otro lado, la reacción del alcalde a la escasa repercusión de la protesta del domingo también provocó las críticas de los responsables de la plataforma cívica Bosque Urbano Málaga, que ayer cumplió un año y que demanda la creación de una gran zona verde en los terrenos que de los antiguos depósitos de Repsol, junto a la avenida de Juan XXIII. Su portavoz, Pedro Francisco Sánchez, aseguró que el equipo de gobierno tiene «una doble vara de medir» porque otorga más valor a las 13.000 firmas en contra del metro en superficie al Civil que a las 30.000 entregadas a favor del bosque en los suelos de Repsol, donde el Plan General prevé cuatro rascacielos para viviendas, oficinas, áreas comerciales y un hotel; otras cuatro torres de VPO; y un parque de 70.000 metros cuadrados. Sánchez insistió en que la consulta ciudadana sobre el futuro de estos suelos, enterrada por el equipo de gobierno, «es legal».

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